DE EL MOSTRADOR.COM
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El pasado 13 de septiembre el diputado Gonzalo Arenas publicó en El Mostrador una columna titulada: “Las lucrativas fundaciones de la Universidad de Chile”. En dicho texto, mediante una argumentación y conceptualización falaz, se propone que la Casa de Bello lucra.
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Vale la pena partir por aclarar qué es el lucro en educación. El lucro se da cuando, al generar excedentes económicos, las instituciones educativas maniobran para que parte o todos esos excedentes vayan a parar a manos privadas en forma de utilidades.
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Amañadamente el gobierno y sus adherentes han presentado información de las universidades públicas de manera confusa. Pareciera que buscan sembrar un manto de duda sobre nuestras universidades estatales para distraer la atención del punto central del lucro, que es: la forma en que algunas universidades privadas establecen negocios con empresas poseídas por los mismos dueños de las instituciones educativas. De esa forma, algunas universidades privadas obtienen utilidades que van a parar a manos de los mismos dueños —lucran— dando una vuelta larga para evadir la ley.
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Muchas de las fundaciones de las universidades transfieren sus conocimientos a la sociedad en general. De hecho, los gobiernos promueven que existan vínculos de las casas de estudios con el sector productivo y público. Existen recursos del Conicyt y Corfo (por mencionar solamente dos) que promueven este tipo de lazos entre entidades generadoras de conocimientos y distintos actores sociales. Incluso, los mismos proyectos de investigación y desarrollo financiados por el Estado exigen en ocasiones la creación de fundaciones y empresas relacionadas para su implementación.
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Lo anterior difiere sustancialmente de las empresas relacionadas a algunas universidades privadas. En estos casos los socios de la universidad crean empresas (inmobiliarias, de limpieza, de alimentación, estacionamientos, e incluso financieras) que mantienen negocios casi exclusivamente con la universidad. Esto genera un grave conflicto de interés que va en contra del espíritu de la ley que prohíbe el lucro en la educación superior.
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Vale la pena señalar que la transparencia en el uso de recursos financieros y entidades asociadas es deseable para todas las instituciones de educación superior. Esto aplica para universidades públicas y privadas.
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El tema aquí es que el gobierno y el diputado Arenas quieren presentarnos a las universidades públicas como responsables del lucro en educación, cuando todo el mundo sabe que las universidades privadas—cuyos dueños, como el mismo ministro Lavín lo hizo— han aceptado públicamente que han lucrado con la educación superior.
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Ojalá el Ministerio de Educación y el diputado Arenas den a conocer también todas las empresas relacionadas a las universidades privadas que no son fundaciones. Que nos cuenten de las inmobiliarias, los casinos, los estacionamientos, las empresas de aseo y el resto de los negocios que en el papel no forman parte de las universidades privadas pero, curiosamente, comparten a los mismos dueños. Esas empresas están bien alejadas del quehacer universitario y sirven para lucrar.
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