Eugenio Díaz Corvalán enfrenta denuncia por negociación incompatible y cohecho.
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DE EL MOSTRADOR.COM
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Personal de la PDI llegó hasta su domicilio y hasta las oficinas de una empresa de su propiedad para incautar distintos documentos, como el contrato y recibos de pagos por la asesoría que prestó a la casa de estudios superiores privada. Dicho servicio lo habría realizado mientras estaba en el ejercicio de sus funciones para facilitar que el plantel lograra su acreditación. Díaz acusó hace dos meses, cuando dejó la CNA, que era objeto de "infundadas acusaciones relacionadas con mi actividad como consultor".
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El objetivo de los detectives era incautar toda la información disponible en el marco de la denuncia que enfrenta este último por los delitos de negociación incompatible y cohecho. Lo anterior, luego que se conociera que recibió pagos por una asesoría que prestaba a la Universidad del Mar cuando, en el ejercicio de su cargo, debió resolver la acreditación de la misma.
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“He sido objeto de infundadas acusaciones relacionadas con mi actividad como consultor”, manifestó Díaz a fines de marzo cuando renunció a la CNA para, señaló, “dedicarme integralmente a mi defensa jurídica y administrativa frente a estas acusaciones hace necesaria esta decisión”. .
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Esto, poco después de conocerse que la Contraloría comenzaría a investigar las posibles irregularidades que encerraba dicho contrato.
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Los funcionarios de la PDI irrumpieron tanto en el domicilio de Díaz en la comuna de Las Condes, como en las dependencias de la empresa de su propiedad Gestión Limitada, a través de la cual se habría efectuado el contrato de la cuestionada asesoría, cumpliendo así con las diligencias ordendas por el fiscal Santiago Oriente Carlos Gajardo. Los efectivos se abocaron a buscar el documento así como comprobantes de pago y a incautar computadores.
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Todo esto, en medio del escándalo que enfrenta la casa de estudios superiores privada, que se destapó luego que su ex rector, Raúl Urrutia, renunciara al cargo acusando a los controladores del plantel de no interesarse en el quehacer institucional y de mantener impagos los sueldos a docentes y y trabajadores, que a mayo de este año ascendían en total a 250 millones de pesos. Esto, en contraste con el pago directo o indirecto a través de inmobiliarias, de $600 millones que recibieron los propios controladores.
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Y mientras durante la presente jornada personal del Ministerio de Educación hacía efectiva una auditoría ordenada por la cartera en la casa central de la institución en Reñaca, personal de la PDI procedía simultáneamente a allanar esas dependencias y la sede de Santiago para incautar la información contable disponible.
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